[NOTA ORIGINAL DE NEXOFIN.COM]
Así se desprende de una reciente respuesta del abogado apoderado del club al pedido de ejecución de un embargo contra San Lorenzo por el reclamo de un socio vitalicio; además, en una asamblea de septiembre del 2016 -cuando el ahora ministro era presidente de San Lorenzo- se aprobó una modificación del estatuto para que los dirigentes respondan con su patrimonio ante pérdidas económicas que se produjeran durante su gestión.
El reciente pedido de nulidad de un abogado de San Lorenzo ante la ejecución de un embargo contra el club de Boedo dejó al actual vicepresidente 2° y ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, al borde de tener que responder con sus bienes personales por el incumplimiento de un mutuo que él firmó, en carácter de Presidente, en 2017 con el socio vitalicio Alberto Castro, quien entregó de su bolsillo 30 mil dólares bajo la promesa personal del ahora funcionario de que lo cobraría en 12 cuotas.
Finalmente, la devolución del préstamos nunca ocurrió y Castro, ante la falta total de respuestas por parte del club y la negativa de Lammens, se vio obligado a judicializar el reclamo. Días atrás, la Justicia le dio la razón a Castro y ordenó trabar un embargo sobre los derechos de televisación que San Lorenzo debía cobrar de la Liga Profesional. Sin embargo, desde el club interpusieron un pedido de nulidad.
El abogado del club, Leandro Exequiel Massini, pidió en los últimos días ante el Juzgado Civil 11 la nulidad del mutuo y, por ende, del reciente embargo dictado contra San Lorenzo al considerar que el documento que firmó Lammens en 2017 incumple con el estatuto de la institución ya que, para ser válido, el mismo debe contar con la firma del Tesorero y del secretario General del club. Según la postura del propio letrado de San Lorenzo, la falta de estas firmas tornaría al mutuo inválido como título ejecutivo, más no como reconocimiento de la deuda asumida, lo que abriría las puertas para que Castro actúe legalmente contra Lammens, ya que pasaría a ser un compromiso entre dos personas.
El pedido de nulidad presentado por el abogado de San Lorenzo, que abriría las puertas para que los mutuos firmados por Lammens -sin firma del Secretario del club- durante su gestión deban ser cubiertos por su patrimonio personal. Foto: Nexofin.
“Siguiendo la respuesta del abogado del club, parecería que el dinero que me pidió Lammens a mí en 2017 y a muchos otros socios para la gesta del proyecto ‘Volver a Boedo’ ha sido una estafa, un fraude, que lo recibió a título personal, y que entonces no fue destinado a la finalidad mencionada”, comentó Castro en diálogo con NEXOFIN.
“¿Yo debería asumir entonces que Lammens, Tinelli y Mastrosimone han realizado una maniobra para embaucarme? ¿Lammens, Tinelli y Mastrosimone conocen lo dicho en la causa y refrendarían lo que dice el letrado Apoderado? Quiero creer que no, ya que si no estaríamos ante un tema de mayor envergadura que podría involucrar a muchos otros socios que aportaron dinero como yo, que aún no cobraron y ameritaría denuncias judiciales en varios fueros e instancias, comenzando por el Tribunal de Honor de CASLA. Un disparate que sobrepasa los límites del absurdo, una respuesta perversa y mafiosa”, agregó Castro, en diálogo con NEXOFIN.
Castro es socio vitalicio de San Lorenzo, ex asambleísta por la propia lista que llevó a Lammens a la presidencia, y una persona con vínculos personales que lo unen al ahora ministro. Guiado por la confianza que le daba conocerlo a Lammens desde hacía décadas e impulsado por el sueño de construir un estadio en su histórico lugar, Castro prestó al club 30 mil dólares en 2017. El mutuo que firmó para formalizar el préstamo -que sería devuelto en 12 cuotas y sin interés alguno- contó con la única firma de Lammens, quien incluso llegó a prometerle de palabra “que devolvería de su bolsillo el dinero si el club no lograba reintegrárselo”. Pasaron más de cuatro años y el club jamás devolvió un dólar al socio, quien hoy tilda de “traidor” a Lammens.
Si bien originalmente el mutuo sólo contaba con la firma de Lammens -tal como asegura el abogado de la institución- el mismo fue refrendado el 4 de marzo del 2020 por el entonces presidente, Marcelo Tinelli, y por el secretario del club, Miguel Mastrosimone, según pudo comprobar NEXOFIN a través de una copia del documento original. Esto lo tornaría válido para avanzar en un reclamo por parte de Castro contra el club, ya que cumpliría con los requisitos necesarios que indica el estatuto y que Lammens incumplió en 2017.
Izquierda: el mutuo firmado en 2017 entre Lammens y Castro. Derecha: el mismo mutuo refrendado por Tinelli y Mastrosimone, con firmas certificadas por Escribano Público. Foto: Nexofin.
En caso de que la Justicia acepte el pedido de nulidad presentado por el abogado del club, Lammens quedaría expuesto a reclamos judiciales en su contra.
Sin embargo, de rechazar el pedido de nulidad, el ahora ministro no quedaría del todo exento de posibles inconvenientes en sus finanzas personales, ya que en una asamblea realizada en San Lorenzo en septiembre del 2016 se aprobó una modificación al estatuto para que los dirigentes respondan con su patrimonio personal ante eventuales pérdidas económicas derivadas de una mala gestión.
La modificación al estatuto se realizó cuando el propio Lammens era presidente, pero entonces no se avizoraban los problemas económicos que pocos años después comenzaría a atravesar el club azulgrana. “En caso de que el Tribunal de Honor determine que ese directivo cometió errores adrede en la administración del club, que le provocaron pérdidas a la institución, entonces sí deberá responder con su patrimonio”, reza la modificación aprobada entonces por 55 de los 60 asambleístas presentes. La evaluación se realiza ante la salida del dirigente, algo que por ahora no ocurriría ya que Lammens es actualmente vicepresidente 2° del club.
Según pudo confirmar NEXOFIN con al menos dos socios refundadores del club, Lammens firmó muchos mutuos con acreedores dispuestos a aportar a la causa “Volver a Boedo” y en ninguno de ellos lo hizo acompañado por la firma del Secretario, tal como exige el estatuto que él, como presidente, no podía desconocer. “Comprometió al club fuera de las normas estatuarias”, explicó a este medio una de las fuentes consultadas.
Hasta el momento, el nuevo estatuto aprobado en 2016 en Asamblea no se encuentra publicado en la Inspección General de Justicia (IGJ), según pudo confirmar NEXOFIN al consultar los registros del organismo. ¿Habrán frenado su presentación ante la IGJ a sabiendas de las consecuencias que podría traerles a sus dirigentes?
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Por Matías Ferrari – Nexofin
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